Ya no habría prisión efectiva para violentistas: Juntos por el Perú quiere reducir penas por protestas y disturbios

Pilar Sulca, diputada de JP, presentó el proyecto de ley que busca reducir a la mitad las penas por dañar servicios públicos en acciones de protestas y quiere crear el »derecho a la protesta» que no existe de forma literal o explícita en nuestra Constitución.

Juntos por el Perú pretende reducir  las penas de prisión efectiva para quienes en marchas de protesta afecten servicios públicos o propiedad privada. A través del proyecto de ley de la diputada izquierdista Pilar Sulca, lo que se busca es una reducción de penas a la mitad, con lo cual ya no habría prisión efectiva para vándalos que protestan de manera violenta.

“Ley que desarrolla el derecho a la protesta y protección a la reunión pacífica” es el título del proyecto de Sulca, quien además pretende crear el »derecho a la protesta, el cual es inexistente utilizando esa palabra y de manera explícita en nuestra actual carta magna. La parlamentaria del partido de Roberto Sánchez utiliza como justificación a su iniciativa legislativa la decisión del Tribunal Constitucional que derogó ciertas normas sobre las marchas violentas, y de esta manera, Sulca Castillo propone solo cuatro años de cárcel para quienes protesten de manera violenta, con lo cual ya no sería posible la prisión efectiva para los desadaptados que destruyan el ornato de la ciudad o bloqueen carreteras en sus reclamos, para lo cual la diputada por Ayacucho propone la derogación de los artículos 283 y 315 del Código Penal.

“A través de esta iniciativa buscamos definir el derecho a la protesta, siendo que no se pretende crear un derecho nuevo, sino desarrollar legislativamente un derecho ya reconocido constitucionalmente”, se puede leer en parte del contenido del proyecto de la  diputada comunista, quien hace su propia interpretación en cuanto a los derechos de reunión y manifestación pública y basa su argumento en la derogación que hizo el TC de los artículos 283-A y 315-B del Código Penal, los cuales criminalizaban los actos de protestas con violencia.

Cabe resaltar que actualmente una persona que durante protestas bloquee carreteras puede ser sancionada hasta con seis años de prisión efectiva. Asimismo, alguien que utiliza bombas molotov en marchas o durante disturbios puede ser condenado hasta a ocho años de cárcel. Pilar Sulca, de Juntos por el Perú, quiere reducir las penas solo a cuatro años con el objetivo de que no sea aplicable una prisión efectiva.

Foto: Composición El Peruchito